jueves, 16 de junio de 2016

Autoridades ocupan arsenal en Valverde


Autoridades ocupan arsenal en Valverde
Rafael Pujols /La Información
SANTIAGO.-Un arsenal de armas de fuego de diversos calibres ha sido ocupada ayer miércoles por autoridades judiciales, policiales y militares en 10 allanamientos en pensiones y casas en Esperanza y Damajagua apresando a 12 personas que no son de esas comunidades las que son depuradas.
    
Entre las armas figuran 2 revólveres, 6 pistolas, 2 fusiles, 16 cargadores, una mini Uzi, celulares, radios de comunicaciones, varias miras una infrarroja, otra de visión nocturna, cajas de tiros de varios calibres, 166 cápsulas calibre M16, bomba lacrimógena, armas blancas, pertrechos militares, documentos personales, dos passolas y 7 motocicletas. 
    
El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito pidió a los jueces ser severos contra quienes sean apresados con armas de fuego, ya que son utilizadas para atracar y asesinar a ciudadanos indefensos. 
    
Mientras que la Fiscal de Valverde, Sonia Espejo, dijo que las requisas se realizan por instrucciones del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha pedido que se aplique todo el peso de la Ley a las personas que tienen armas ilegales.
    
Espejo fue asistida por el Coronel Manuel Antonio Jiménez jefe de la Dirección Regional Noroeste de la Policía con sede en Valverde y miembros de la Cuarta Brigada de Infantería en el Noveno batallón General Benito Monción del Ejercito de la República Dominicana, quienes prometieron enfrentar la delincuencia, tráfico de armas y la criminalidad.
   
 De acuerdo a la fiscal Espejo, el grueso de armas fue localizada en pensiones familiares ubicadas en Damajagua municipio de Esperanza, Provincia Valverde en la Región Noroeste. 
    
La funcionaria judicial ponderó el excelente trabajo en equipo, el que dijo trae respuestas efectivas y claras a la comunidad.
Reafirmando el compromiso que tiene el Ministerio Público de brindar seguridad a la ciudad, dando persecución a los delitos.
    
Desde que durante una huelga fue asesinado el ingeniero Luis Bienvenido de Jesús Almonte,  de 54 años, ejecutivo de una empresa textilera en Esperanza provincia Valverde, las autoridades vienen haci8endo allanamiento, cuyo crimen se atribuye a miembros del Frente Amplio de Organizaciones Populares -FALPO-organizador de la huelga en demanda de conquistas sociales y control torpedeos del proceso electoral del 15 de mayo.
    
El ingeniero asesinado de un tiro en el pecho durante la huelga era gerente general de la empresa Top Choice, ubicada en la Zona Franca en Esperanza provincia Valverde, dejó varios hijos en la orfandad.
   
 Los detenidos fueron encerrados en la Dirección Regional Noroeste de la Policía en Mao, provincia Valverde donde son depurados y los responsables someterlos a la Justicia, dijo la Fiscal Sonia Espejo.

COERCIÓN  PARA IMPUTADO MUERTE INGENIERO

El Ministerio Público de este departamento judicial consiguió que el Tribunal de Atención Permanente dictara tres meses de prisión preventiva contra dos hombres que presunto asesinaron a un ingeniero en medio de una huelga el 31 de mayo en Esperanza.
    
 José Arismendy Reyes Reyes (Chocho) y José Benjamín Fernández (El Azote), deberán purgar la condena en la cárcel de Mao, provincia Valverde por el asesinato del ingeniero Luis Bienvenido de Jesús Almonte. 
     
Además, el Tribunal dictó medida de coerción en presentación periódica en contra del Yeidi Ramón Clase Fernández (Yakaro), e investigado por el Ministerio Público por estar vinculado al hecho. 
    
 El Ministerio Público logró que la jueza Elizabeth Marte Lirio acogiera su petición luego de presentar diferentes pruebas que vinculan a los imputados con la muerte del profesional. 
      
La muerte de De Jesús Almonte fue en el transcurso de una huelga convocada el pasado mes por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) en el municipio de Esperanza, el Ministerio Público abrió una investigación con el objetivo de hallar a los responsables del hecho, y en ese sentido donde la Dirección Central de Investigaciones Criminales Regional Noroeste (DICRIM) y el Ejército Nacional realizaron allanamientos e interrogatorios.

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